En Gross v. CitiMortgage Inc., Marshall Gross impugnó la declaración de CitiMortgage de una deuda hipotecaria secundaria en su informe crediticio tras la ejecución hipotecaria de su vivienda. En virtud de la Ley Antideficiencia de Arizona, la responsabilidad de Gross por la hipoteca secundaria se eliminó una vez que la venta de la ejecución hipotecaria no cubrió la deuda. A pesar de ello, CitiMortgage informó que la deuda estaba activa, devengando intereses y vencida. Gross presentó una demanda alegando violaciones de la Ley de Informes Crediticios Justos (FCRA, por sus siglas en inglés) debido a que CitiMortgage no investigó razonablemente su disputa y por proporcionar información inexacta a las agencias de informes crediticios. El tribunal de distrito falló a favor de CitiMortgage, pero el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito revocó esta decisión.
Puntos clave:
- Información incorrecta: el Noveno Circuito determinó que la información de CitiMortgage sobre la deuda como activa y en proceso de acumulación era incorrecta en términos fácticos, ya que la deuda había sido abolida legalmente según la ley de Arizona.
- Obligaciones de la FCRA: el tribunal enfatizó la importancia de la información precisa según la FCRA y la obligación de los proveedores de realizar investigaciones razonables al recibir disputas de los consumidores.
- Impacto de la ley estatal: el caso destacó la interacción entre las leyes estatales (como el Estatuto Antideficiencia de Arizona) y los requisitos federales de información crediticia, demostrando cómo las leyes estatales pueden influir en la precisión de la información crediticia.
- Razonabilidad de la investigación: el tribunal de apelaciones determinó que la razonabilidad de la investigación de CitiMortgage era una cuestión que debía decidir el jurado, no apta para un juicio sumario.
Implicaciones:
La decisión de Gross v. CitiMortgage Inc. subraya la importancia de las responsabilidades de los proveedores de información crediticia conforme a la FCRA de garantizar la precisión de los informes crediticios y realizar investigaciones exhaustivas de las disputas de los consumidores. También ilustra la influencia de las leyes estatales sobre las prácticas de informes crediticios y las posibles consecuencias legales para los proveedores que no cumplan con sus obligaciones.
